Prefiero empezar afirmando que comprendo muy bien la inquietud de algunas personas a la hora de abordar, a veces con poca información, una reflexión, una opinión o -lo más importante y general- un sentimiento sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de las adolescentes.
Pocos saben que España es uno de los países con la edad de consentimiento sexual (recogida en el Código Penal) más baja del mundo: 13 años. El inicio en las relaciones sexuales de nuestros adolescentes se produce, según la estadística, a los 16 años, pero los últimos estudios especializados aseguran que conviene estar prevenidos a partir de los 13 o 14, tanto en el caso de los chicos como en el de las chicas (3ª Encuesta sobre sexualidad y anticoncepción de la juventud española-2008. Equipo Daphne en colaboración con Bayer Schering Pharma).
A pesar de que España es uno de los países europeos donde más se utiliza el preservativo (el 60% de los jóvenes), casi el 30% de los chicos reconocen que no siempre lo usan, elevando así la exposición al riesgo.
Los datos nos muestran que, en los últimos años, han aumentado tanto los embarazos como los abortos en mujeres adolescentes (de 1997 a 2007, la tasa de abortos en adolescentes se ha duplicado, según el informe sobre interrupción voluntaria del embarazo del Ministerio de Sanidad-España 2007).
Aunque muchos padres y madres prefieren pensar que sus hijas no están incluidas en todas estas estadísticas, lo cierto es que muchas chicas de 15, 16 y 17 años mantienen relaciones sexuales y, por tanto, pueden encontrarse con una situación no deseada y, generalmente, traumática a esa edad: un embarazo.
El objetivo de la sociedad adulta, de los poderes públicos, del sistema educativo y, sobre todo, de los padres y madres, debe ser evitarlo. Para ello, existen muchas fórmulas y medios; el fundamental es el diálogo, la conversación sin prejuicios, la información y la existencia de un espacio de confianza y respeto con las adolescentes. Todas esas herramientas son siempre mejorables pero, cuando todo falla y las chicas deciden no seguir adelante, no existe mejor solución que acudir al sistema sanitario, seguro y solvente.
En la mayor parte de los casos, las menores que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo suelen hablarlo con sus padres (sobre todo con sus madres). Según los datos oficiales, el porcentaje de jóvenes menores de 18 años que abortan no alcanza ni el 5% del total, y la inmensa mayoría va acompañada de sus padres. (En 2007 interrumpieron su embarazo 14.807 mujeres de entre 15y 19 años. Las menores de 15 que acudieron a una interrupción voluntaria del embarazo fueron 500).
En un momento así, lo que las niñas buscan -y necesitan- es apoyo y cariño. Lo mejor para ellas, sin duda, es encontrarlo en su familia. Pero, desgraciadamente, no siempre es posible... Existe un reducido número que jamás lo dirá en casa por distintos -y, muchas veces, poderosos- motivos. Para esas jóvenes, las que se encuentran más solas y son más vulnerables, está pensada la medida que reforma la Ley de Autonomía del Paciente, resolviendo que no sea determinante el acuerdo paterno.
Si no es así, ¿qué alternativa tenemos?, ¿es, acaso, razonable mantener que las chicas no tengan capacidad para decidir abortar y sí para decidir ser madres -sin consultarlo, tampoco-? ¿Es preferible que por miedo, o por falta de recursos a su alcance, se vean abocadas a proseguir un embarazo que no desean? ¿O las dejamos, solas, buscar una salida clandestina para interrumpir la gestación?
Tampoco es una buena opción lanzar mensajes tan dramáticos como hipócritas ("La barriga es una zona libre de pena de muerte" o "Mamá, no me mates") que pretenden cargar sobre la conciencia de niñas y mujeres, la idea de que el aborto es un asesinato. No es verdad. Es tan sólo la verdad de los que consideran que hay vida en el mismo momento de la fecundación y anteponen el derecho del embrión al derecho de la madre, o que profesan una determinada fe o religión o filosofía. Pero la interrupción voluntaria del embarazo, según la legislación española actual, así como en la reforma propuesta (y la europea comparada, por cierto), no es un asesinato.
Las personas que, por su propia conciencia, rechazan el aborto son perfectamente respetables, tanto como quienes lo defendemos. Pero el límite de lo que es legal y, por lo tanto, aceptado por la sociedad, se establece en el Parlamento, residencia de la soberanía popular. La ley que ahora comienza su tramitación en las Cortes no obliga a nadie a abortar, ni a ocultar a los progenitores un embarazo o un aborto. Pretende, sencilla y rigurosamente, mejorar la protección y las garantías para las mujeres y los/las profesionales, adaptar la norma a la realidad española y acabar con algún supuesto que ha dado lugar a verdaderos abusos.
Imaginemos que una chica de 16 años se queda embarazada sin haberlo querido y que, tras pensarlo, decide abortar en los plazos y supuestos que establece la ley, ¿no es cruel que, además, tenga que cargar con la fe o las creencias de otros, con la presión exagerada de aquellos que siempre han negado a las mujeres la posibilidad de elegir? Porque de eso se trata: de que las niñas y las adolescentes reciban una educación, una atención y un mensaje de toda la sociedad que rompa con siglos de miedo y dependencia y, a cambio, les ofrezcamos seguridad y autonomía, los mejores instrumentos para la responsabilidad y para la libertad.
Fuente: Elpais.com (Opinion)
Escrito por: Elena Valenciano, diputada socialista y presidenta de la Fundación Mujeres.
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